Trabajo Infantil
La Convención sobre los Derechos del Niño cumple hoy 20 años y en nuestro país –a pesar de su adopción– aún no se ha logrado dar vigencia a los derechos de la infancia y la adolescencia. Sobre todo, no se ha garantizado el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de la explotación que supone el trabajo infantil, que es todo tipo de actividad laboral que obstaculiza su acceso a la educación, afecta su salud o limita su desarrollo integral.
Las cifras oficiales establecen la existencia de 3.6 millones de niñas y niños trabajadores de 5 a 17 años (y con el recrudecimiento de la crisis económica el problema se agudizará); 31% tiene menos de 14 años y una tercera parte son niñas; la mitad de ellas, además de estar ocupadas, realizan quehaceres domésticos y estudian.
La Mesa Social contra la Explotación Laboral Infantil y Adolescente, de la cual formo parte, ha manifestado al gobierno, empresarios y sociedad algunas de las obligaciones adquiridas:
Cumplimiento de los compromisos derivados de la Convención 182 de la OIT (entre ellos, establecer un Comité Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, un Plan Nacional de Acción y la determinación de los trabajos peligrosos e identificación geográfica de su presencia en el país).
Asignación de recursos urgentes para erradicar la explotación infantil, proteger el trabajo y brindar atención prioritaria a la educación que permita la permanencia en la escuela. Además de incluir la opinión de niñas, niños y adolescentes trabajadores en todos los programas y acciones que afectan su vida.
Promulgación y armonización de la legislación que garantice el cumplimiento y la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.
Ratificación del Convenio No. 138, de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, y establecimiento de mecanismos para el cumplimiento de objetivos, metas y políticas públicas que los compromisos internacionales plantean.
Es además necesario promover un debate nacional sobre la creación de un sistema integral de protección social, universal, incluyente y participativo, con mecanismos de rendición de cuentas y asignaciones presupuestarias suficientes.
Y sobre todo, sensibilizar a la sociedad para que exija el cumplimiento de estos derechos y rechace la ya inaceptable explotación infantil y adolescente que se vive en el país.
Nashieli Ramírez Hernández
Investigadora Social



