Por Nashieli Ramírez Hernández*

México, DF, 14 jun 11 (CIMAC).- Esta semana y en el contexto del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se llevó a cabo la presentación de la Mesa social contra la explotación de niñas, niños y adolescentes.

Este colectivo de personas y organizaciones surge de la fusión de dos iniciativas ciudadanas: el grupo de trabajo impulsado por Thais a raíz de las reuniones sobre el modulo de trabajo infantil en 2008, y el movimiento “No a la explotación laboral infantil”, que había venido realizando acciones alrededor de esta conmemoración mundial desde 2007.

Instancias académicas como la UAM, a través de su Programa Infancia, la Universidad Pedagógica Nacional y la UNAM, representada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas; organizaciones sociales como Ririki Intervención Social, Save the Children, Visión Mundial, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Caminos Posibles, Ideas, Thais, CIMAC, entre otras; así como Fundación Telefónica, la CROC, y CONAPRED se reúnen en este espacio con la finalidad de incidir en las políticas públicas en la materia.

Este año la OIT nos convocó a alzar la voz contra el trabajo infantil peligroso. Es decir visibilizar la explotación de la que son víctimas al menos 600 mil niñas, niños y adolescentes, según reconoce la propia Secretaría del Trabajo.

Explotación es a lo que están sujetos las niñas y niños menores de 14 años que laboran. Trabajo infantil peligroso es al que están expuestos miles de niñas, niños y adolescentes.

Como ejemplo están los entre 20 y 35 mil hornos de elaboración artesanal de ladrillos donde se emplean procesos de combustión precarios y materiales combustibles altamente tóxicos, la contaminación del aire y el agua que generan afecta no nada más a los que trabajan directamente, sino también a los que viven alrededor.

Este mismo tipo de contaminación se genera en la quema que se realiza en la mayoría de los miles de basureros a cielo abierto del país, en donde también están expuestos cientos de infantes. Otra fuente de riesgo ligada al trabajo infantil son los plaguicidas, fenómeno documentado, especialmente en las niñas y niños jornaleros agrícolas.

Las demandas siguen siendo las mismas que el año pasado:

a) Cumplimiento de los compromisos derivados del Convenio 182, como son el establecimiento de un Comité Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, un Plan Nacional de Acción, un sistema de medición y la consecuente determinación de los trabajos peligrosos e identificación geográfica de su presencia en el país.

b) Desarrollo de la “Hoja de Ruta para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para el 2016” (Conferencia Mundial La Haya, mayo 2010).

c) Ratificación del Convenio 138, de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo.

d) Creación de un sistema integral de protección social, universal, incluyente, participativo, con mecanismos adecuados de rendición de cuentas y asignaciones presupuestarias suficientes y eficientes.

Las demandas son las mismas, pero los demandantes no. Hoy tenemos un espacio colectivo para sumar voces, para subir los decibeles en la demanda al Estado de cumplir su obligación de garantizar los derechos de educación, salud, desarrollo, juego, de vida y de protección. Para llamar la atención a la sociedad sobre la importancia de desnaturalizar el trabajo infantil.

*Directora de Ririki Intervención Social. Experta en infancia, adolescencia y sus derechos.

Por Nashieli Ramírez Hernández*

México, DF, 7 jun 11 (CIMAC).- En los últimos 10 días, el segundo aniversario del incendio de la guardería ABC ha estado incorporado en la agenda de los medios de comunicación. Y es que es difícil dejar pasar que este hecho se constituye como la peor tragedia para la primera infancia en nuestro país. La totalidad de los fallecidos: 24 niñas y 25 niños; y más de los 70 heridos tenían menos de cinco años de edad.

Retomaron el aniversario un amplio número de los editorialistas y columnistas. Crónicas y reseñas de los eventos: juicio ciudadano, vigilia, misa y marcha en Hermosillo, presentación de libros, obras y documentales entre otros. Reportajes y entrevistas con las madres y los padres, entre los que destacan los que nos retratan la vida de algunos de los y las pequeñas lesionadas. 

A través de la excelente pluma de Thelma Gómez sabemos que la pequeña Alejandra, de cuatro años, sufrió quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo. Ella “quiere que su mamá le diga cuándo le van a poner sus deditos, cuándo tendrá todo su cabello”.

Lo sucedido en la guardería ABC es sin duda un ejemplo de corrupción e impunidad, lo fue hace dos años, y lo es en el transcurso de estos 730 días, largos y dolorosos como señalan las madres y padres, en donde lo que sigue prevaleciendo es la falta de justicia. 

Ante este escenario, se realizó un juicio ciudadano, un ejercicio de reivindicación ciudadana ante los abusos de los funcionarios públicos, una oportunidad para ejercer nuestros derechos ciudadanos y hacer política a favor de nuestra sociedad.  

Culpable el IMSS, culpable el gobierno del Sonora, culpable el municipio de Hermosillo, culpables los Poderes Judicial y Legislativo. Y se sentencia que es necesario abstenerse de violaciones futuras, de manera que esta tragedia nunca más se repita. 

A diferencia de la Suprema Corte de Justicia que reconoció que hubo graves violaciones de las garantías constitucionales de las víctimas del incendio, pero omite señalar a los responsables y actuar en consecuencia. En el juicio se condena a JUAN MOLINAR y a DANIEL KARAM a un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida y/o resultó lesionado en una guardería pública en atención directa a la infancia.
 
Esto es 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses de servicio comunitario. Por la gravedad de los hechos quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación en los tres niveles de gobierno por un período de 20 años.

El actual director del IMSS ha guardado un silencio prudente. No así Juan Molinar Horcasitas, responsable de la subrogación de los servicios que operaban en 2009 y actualmente integrante del CEN del PAN. 

Molinar afirma en entrevista con CNN que contempló la posibilidad de renunciar, en ese entonces, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero después de analizarlo, se dio cuenta que la renuncia hubiera sido equivalente a una aceptación de culpa. 

El señor Molinar se deslinda afirmando, entre otros argumentos, que el incendio no se generó en la guardería, cuando es de todos sabido que la dimensión de la tragedia se debió a que esa guardería no cumplía con las normas de operación de seguridad mínimas, según los propios documentos del IMSS. 

Nada sabe el señor Molinar de lo que es el ejercicio de la función pública apegada a principios éticos. Nada sabe el señor Molinar de humildad y vergüenza. Lo que es un hecho es que con su actuación de entonces y su arrogancia actual, será colocado en su verdadera dimensión, ésa por lo que será conocido en la historia de nuestro país como CULPABLE.

*Directora de Ririki Intervención Social. Experta en infancia, adolescencia y sus derechos.

Por Nashieli Ramírez Hernández*

México, DF, 31 may 11 (CIMAC).- Acompañamos solidariamente al equipo de CIMAC en su demanda de justicia efectiva y al ya basta de impunidad.

La migración ha sido tema y cultura en nuestro país. De esta conocida triada de México como expulsor, receptor y tránsito migratorio, todavía hace una década, el mayor interés mediático y de estudio se centraba en los flujos migratorios de nuestros paisanos hacia Estados Unidos. 

En los últimos años, las miradas se han afinado, la llamada de atención sobre las mujeres y las niñas, niños y adolescentes en los fenómenos migratorios son un ejemplo. Sin embargo, en el último año la agenda más robusta lo constituye nuestra frontera sur, ésa que nos determina como receptores, pero especialmente como un país de tránsito. 

A través de 56 puntos de nuestra frontera con Belice y Guatemala, según el secretario de Gobernación, se sucede un estimado de dos millones de cruces al año. 

En ese vía crucis, subidos en “La Bestia”, caminando sin agua ni comida, extorsionados por la “autorida”, y agredidos por el crimen organizado y no organizado, hay niñas, niños y adolescentes, quienes además enfrentan una alta vulnerabilidad hacia la trata de personas. 

En esos cruces hay miles de niñas, niños y adolescentes que comparten con muchos adultos un destino macabro. Según el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México (CNDH), en el periodo de abril a septiembre de 2010 se documentaron 214 eventos con 11 mil 333 víctimas.

“Eran como 10 secuestradores con AK-47, andaban en esas camionetas que son grandes, se llevaron como a cuatro niños”, señala el Testimonio 7 de dicho reporte. 

La mayoría de las víctimas de secuestro tienen el destino de esos migrantes encontrados en Tamaulipas. Ninguno de los medios de comunicación señaló que en ellos había siete personas menores de edad. Las víctimas fueron visibilizadas gracias a la “Iniciativa 72 migrantes”, desarrollada por periodistas a nivel nacional para darles identidad y no dejarlas en la fosa común. 

Víctimas de trata, de explotación sexual comercial infantil y de explotación laboral como las miles de niñas y adolescentes incorporadas al trabajo del hogar en Chiapas.

Víctimas de agresiones sexuales por los propios compañeros de viajes, como el reciente caso de V, la niña salvadoreña violada reiteradamente por dos adultos en su trayecto hacia Estados Unidos.

La infancia y adolescentes muchas veces re-victimadas por funcionarios mexicanos, en este caso negándole su derecho a ver a su abuela, intentando repatriarle, y dejando libre a los dos agresores. 

El pasado 24 de mayo se promulgó la Ley de Migración, en ella se contempla a los migrantes menores de edad, estableciendo responsabilidades al DIF, regulando las estadías, entre otros. 

Tenemos un protocolo de atención interinstitucional para la niñez migrante no acompañada y un cuerpo de Oficiales de Protección a la Infancia. Nos falta más capacitación y mayor supervisión. Nos falta volver a la Ley recién aprobada y a su reglamento, para romper la aún persistente vinculación del fenómeno migratorio al tema de seguridad nacional. Nos falta acabar con la corrupción ligada a la migración. 

Y es que todos los días amanecemos con noticias que evidencian una violación sistemática de Derechos Humanos de los migrantes. ¿Cómo podemos reclamar un trato digno para nuestros paisanos? 

El buen juez por su casa empieza y en ese orden el Estado mexicano tiene la obligación de proteger y velar por los derechos de los miles de niñas, niños y adolescentes centro y sudamericanos que transitan por el territorio nacional.

*Directora de Ririki Intervención Social. Experta en infancia, adolescencia y sus derechos.

Por Nashieli Ramírez Hernández*

México, DF, 24 may 11 (CIMAC).- El 17 de mayo, en sesión pública ordinaria, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve a favor del amparo promovido por Magdalena García y ordena su libertad inmediata. 

La cobertura mediática fue amplia, actualizando lo que seguramente para muchas personas ya estaba en el olvido: el caso de un niño violado en el Instituto San Felipe de Oaxaca en el 2006.

Los debates más visibles son los que colocan la discusión en la arena de Laura Bozzo, es decir en el pasado y el presente de la mamá; y en las relaciones políticas de la maestra, en las posiciones de figuras públicas como Diódoro Carrasco y María Elena Morera. 

Los menos se enfocan a lo esencial, que es colocar a la víctima en el centro. En este caso, un niño que ha vivido más de la mitad de su existencia con las secuelas de un abuso sexual y en medio de un debate que lo hace público y los miles de niñas y niños que en nuestro país sufren agresiones sexuales en su casa, en su escuela o en su iglesia. 

La Corte debatió sobre la complicidad de la maestra en los actos de violación perpetrados por su marido y el maestro de computación, hoy prófugos. 

Es decir, la resolución se centró en la participación de la maestra en la violación, y en este caso la única prueba que contenía el expediente era la declaración del niño señalándola como la persona que lo llevaba al salón en donde era abusado sexualmente.

Es decir, los ministros discutieron sobre el peso que tienen las declaraciones de las víctimas de violación menores de edad y para la desgracia del niño de Oaxaca, como para la de muchos otros, decidieron que los dichos y las palabras de las niñas y los niños no son prueba fundamental y suficiente para proceder ante un hecho delictivo.

Durante el debate, el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, señalaba que “los niños, tienen derecho a ser escuchados, y ese derecho no se hace efectivo si su testimonio no es debidamente valorado, y no se valora debidamente si no se hace a la luz de su progresiva autonomía, ni si sólo por su edad o su vulnerabilidad ante los adultos, se le niega credibilidad a lo que dice, y por la salida fácil de descalificarla, señalándolo como un niño aleccionado, manipulado, sin siquiera ofrecer alguna prueba en ese sentido”. 

Se trata, afirmaba, “de sentar un importante precedente judicial acerca de la especial forma de ponderación que debe realizarse en casos de niños víctimas de delitos –especialmente de delitos sexuales–”.

Agregaba que las legislaciones “no han sido adecuadas para reflejar las medidas específicas que deben tomarse en casos judiciales que involucren a niños, especialmente cuando son víctimas, pero esas omisiones ni pueden ser pretexto o causa legal para negar al testimonio infantil, el importante peso que tiene en los procesos judiciales, máxime cuando se advierte su credibilidad, ni impide que los juzgadores, a través de nuestra interpretación de derecho hagamos efectivos los mismos en favor de la niñez”.

No obstante a lo anterior, ocho ministros no acompañaron la posición de Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar, y votaron una resolución que deja abierta la puerta para desestimar los testimonios infantiles, y por lo tanto pone en riesgo procesos presentes y futuros.

Hace unos días una persona querida me preguntaba: “¿quién dice la verdad, la mamá o la maestra?”. Y yo contesté que el niño. Lo que pasa es que en este país la mayoría de los ministros y los adultos… ni los ven, ni los oyen.

*Directora de Ririki Intervención Social. Experta en infancia, adolescencia y sus derechos.

Por Nashieli Ramírez*

México, DF, 10 may 11 (CIMAC).- Según el Módulo Infantil de la Encuesta Nacional de Empleo, tres millones de niñas, niños y adolescentes, entre los 5 y 17 años de edad, trabajan en México.

En ese mismo corchete de edad el INEGI reporta que sólo tres de cada 10 niñas, niños y adolescentes se dedican de manera exclusiva a la escuela; seis de cada 10 combinan trabajo y escuela, y uno de cada 10 únicamente trabaja y no va a la escuela. 

En esa estadística, levantada en el 2009, aún no estaba contabilizado Jesús Fernando Lara Ruiz. Fernando, de 15 años de edad, ingresó a trabajar hace un mes por 900 pesos a la semana, como ganchero en uno de los tres yacimientos que explota la compañía minera Beneficios Internacionales del Norte S.A. (Binsa), en Coahuila.

Casi daban las nueve de la mañana del 3 de mayo cuando una explosión lo sorprendió en sus labores de alza de botes llenos de carbón. Catorce mineros muertos y él con quemaduras severas y con el brazo derecho amputado son los saldos, hasta ahora, de esta tragedia.

La mayoría de las voces en los medios señalan como omisión que Fernando no estuviese registrado en el Seguro Social.

Pero el problema no es ése, el problema es que él no debería de haber estado ahí, ya que la minería está considerada como una actividad de alto riesgo y se reconoce a nivel mundial como una de las peores formas de trabajo infantil, es decir como una actividad que por su naturaleza o condiciones, ocasiona daño o pone en peligro su desarrollo físico y psicológico. 

Según la OIT, en América Latina hay alrededor de 500 mil trabajadores en la minería que son menores de edad. Que a partir de los 12 años pasan a apoyar en la extracción del mineral en los túneles, el transporte a la superficie y su procesamiento, exponiéndose al peligro de explosiones, derrumbes, asfixia, cargas pesadas y sustancias tóxicas. 

Como bien lo señala la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, este caso evidencia la ilegalidad con el amparo de las autoridades. Nuestra Constitución señala que en el caso de adolescentes mayores de 14 años el trabajo está permitido bajo ciertas condiciones de protección y seguridad. La Ley Federal del Trabajo señala a la minería como uno de los trabajos peligrosos en donde está prohibido contratar a cualquier persona menor de edad. 

En este caso hay responsabilidad de la empresa y de las autoridades en todos los niveles. Ante la mirada ciega de las autoridades municipales, los empresarios continúan abriendo pozos de forma clandestina.

Es obligación de las autoridades laborales estatales realizar las inspecciones que protejan a los infantes y adolescentes de explotación laboral y en lo que toca al ámbito federal hay por lo menos omisión de la supervisión de las condiciones en las que operan estas minas. 

La Mesa Social hace un llamado urgente al Estado mexicano para que cumpla con las obligaciones establecidas en el Convenio 182 de la OIT y defina con urgencia una lista de trabajos que obligatoriamente deban ser prohibidos en el empleo de menores de edad. 

Y nos recuerda que el trabajo infantil fomenta la pobreza y es responsabilidad del Estado proveer las condiciones tanto de protección jurídica, como de protección social. 

Sin duda en este caso estamos frente a una de las peores formas de explotación laboral infantil, vinculada a las peores formas de aplicar la ley. Para nuestra desgracia éste no es un caso excepcional.

*Directora de Ririki Intervención Social. Experta en infancia, adolescencia y sus derechos.

01 Abril 2011 por  Nashieli Ramírez

En México son cada vez más visibles los grupos de niñas, niños y adolescentes que ven negado su derecho a la escolaridad y que conforman los batallones del ejército del rezago educativo: indígenas, discapacitados, jornaleros agrícolas y trabajadores urbanos son sistemáticamente excluidos del sistema. Ahí, en la retaguardia, poco visibilizadas aún, están las madres adolescentes.

01 Abril 2011 por  Nashieli Ramírez

Dice Marcela Turati en su libro Fuego Cruzado: “El territorio nacional parece campo minado. Si tuviera que portar una advertencia en letras chiquitas, ésta debería decir: No amigable para niños y niñas. Manténgalos alejados”

 Y es que un fantasma parece recorrer a nuestro país, el fantasma de la violencia como parte de la cotidianidad de la mayoría de los 39 millones 226 mil 744 de niñas, niños y adolescentes que, de acuerdo con el Censo 2010, viven en nuestro país.

El Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional reporta que entre el 1º de diciembre del 2006 y el 31 de diciembre del 2010 se registraban 34 mil 612 muertes a consecuencia del enfrentamiento de las fuerzas federales y militares con miembros del crimen organizado; de éstas, 89% eran señaladas como “ejecuciones”; casi el 10% como “enfrentamientos” y el resto como “homicidios-agresiones”.

No sabemos si los casi 1,200 menores de 18 años muertos que las organizaciones de defensores de derechos de los niños calculan como víctimas de la lucha contra el narcotráfico están registrados en esta base de datos y tampoco sabemos a qué categoría corresponden.

¿En qué categoría podemos ubicar a Karina Ivett Ibarra de 16 años, que murió el 31 de enero del 2011? Ella transitaba por los alrededores de Villas de Salvacar en Ciudad Juárez, en donde se conmemoraba un año de la tragedia que mató a quince muchachos que participaban en unafiesta, cuando la mataron policías federales que arremetieron contra ella, su hermana y sus amigos por no pararse en un retén.

¿En dónde a Karen y Briseida Barraza, y a Esmeralda Lozoya de entre 12 y 15 años de edad? Muertas a balazos cuando jugaban en el patio de su casa el pasado 23 de febrero. Y es que tan sólo en esa ciudad durante los dos primeros meses del 2011 han muerto 29 niños, niñas y adolescentes, uno cada dos días en promedio.

En Chihuahua, Michoacán y Sinaloa se reportan el mayor número de homicidios de esta guerra que no es guerra, pero que mata de diferentes maneras y tiene efectos también en niños y niñas que habitan en lugares lejanos de la frontera norte.

Se calcula que ha dejado entre 25 y 30 mil huérfanos; que al menos 40 mil menores de edad han sido reclutados por la delincuencia organizada; y también está un número, sumamente difícil de rastrear, de heridos: heridos de bala como Alejandra del Ángel de 8 meses de edad, impactada en su carriola por varias balas el 8 de marzo del 2011 en Monterrey; heridos en su desarrollo como los miles de niños y niñas en Reynosa, Juárez y Monterrey, que son parte de escenas del crimen, que son testigos de balaceras en su cuadra, en su colonia y en sus escuelas, que viven con miedo, estrés y gastritis.

Esta violencia impacta de múltiples maneras. Como lo señala el informe "Una crisis encubierta: conflictos armados y educación (UNESCO 2011)", uno de los principales motivos para no alcanzar los objetivos de Educación para Todos en el 2015 son los conflictos armados.

En muchos países, y entre ellos se incluye a México, se está ejerciendo una violencia real contra niños en edad escolar que provoca, entre otros problemas sociales, deserción e inasistencia escolar; bajo rendimiento académico; escuelas tomadas por asalto; índices elevados de violencia y abuso sexual; niños que son blanco y víctimas de fuego cruzado.

El fantasma de esta violencia social alcanza también a la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ven las noticias, las telenovelas, juegan los juegos que naturalizan la violencia, que ponen como ejemplo de éxito la vida narco y lo que se puede lograr en un contexto de corrupción e impunidad. También ronda por la vida de los poco más 22 millones de infantes mexicanos que viven en ciudades que son incubadoras de exclusión social.

Se equivocan quienes ven lo que está pasando solamente con la mirada en la criminalidad. La seguridad va más allá de la lucha entre buenos y malos; tiene que ver, por ejemplo, con asegurar salarios dignos para que los adultos ejerzan su labor educativa y de protección, con repensar las ciudades en donde procesos como el crecimiento urbano y el desarrollo del transporte públicoco adyuven a reconstruir el tejido social y a generar convivencias libres de violencia.

Tiene que ver también con apostarle a la educación de calidad, generar nuevamente la expectativa educativa como motor de movilidad social, transformar el sistema educativo para dotar a la infancia y la juventud de este país de competencias para salir de la pobreza, del desempleo; formar en ellos habilidades sociales para la paz, para atajar las divisiones, la intolerancia y los prejuicios, que son los principales vehículos de la violencia.

En este último aspecto, el citado informe de la UNESCO señala que los conflictos armados desvían hacia el gasto en armamento los fondos públicos que podrían emplearse en la educación. Tan sólo con lo que dedican en seis días los países ricos al gasto militar se podría enjugar el déficit anual de financiación de la Educación para Todos, que se cifra en 16.000 millones de dólares.

En México todo parece indicar que la mayor apuesta está en la lógica de ponerle el mayor número de fichas a la seguridad pública y no a la humana. Así lo deja ver, entre otros aspectos, el hecho de que las partidas presupuestales con mayores incrementos con relación al 2010 en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, son las relacionadas a la seguridad. Este año, por cada dos pesos que gastemos en educación, gastaremos uno en esta guerra que no es guerra.

El impacto real y mediático de la violencia a la que hasta ahora hemos hecho referencia, está ocultando lo que es la violencia que más afecta a un mayor número de infantes en México y es la que sucede al interior de sus hogares. En este ámbito tampoco contamos con datos duros de alcance nacional. Nos manejamos con indicadores proxis como son los reportados en las encuestas de dinámica familiar o violencia contra las mujeres; en estudios de caso y en reportes de maltrato. Tal parece que para las autoridades responsables de generar información, la metáfora que utilizamos en este artículo es real, no se puede medir a los fantasmas.

Finalmente, sólo apuntaremos lo que para nosotros es un efecto de las violencias antes mencionadas, que es la violencia entre pares o el acoso escolar, conocido como bullying.

Las encuestas recientemente elaboradas por las SEP y UNICEF nos dibujan un escenario que plantea que al menos la mitad de los escolarizados en nuestro país han sufrido algún grado de agresión en su escuela.

Sin duda, un fantasma recorre a nuestro país, el fantasma de la violencia como parte de la cotidianidad de la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes. La dimensión del riesgo al que está expuesta la infancia coloca a nuestro presente y nuestro futuro como nación ante un riesgo equivalente. La atención a esta problemática es de carácter urgente y es, sobre todo, un imperativo ético. •

Por Nashieli Ramírez Hernández*

México, DF, 17 may 11 (CIMAC).- Apenas habían transcurrido 72 horas de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, cuando el estado de Nuevo León fue nuevamente escenario de una jornada denominada por los medios de comunicación como “sangrienta”. 

El saldo de 14 personas muertas y varias personas lesionadas, entre los que se encontraba una niña de dos años de edad, herida en un fuego cruzado en el municipio de Escobedo. 

Esta niña se suma a las miles de personas menores de edad, que han sufrido heridas en el marco de la lucha contra el crimen organizado. 

A estas niñas, niños y adolescentes heridos físicamente, se suman los miles de heridos en el corazón; aquellos que han perdido a un ser querido. Y en millones a quienes a través de mensajes, telenovelas, juegos y escenas del crimen, son heridos en la mente, en la medida en que viven la violencia en lo cotidiano y la normalizan. 

Por ellas y ellos y por las más de mil niñas y niños muertos de 2006 a la fecha, la marcha del 8 de mayo es también una marcha por la infancia y adolescencia.  

Desde el Espacio Social de Diálogo Estratégico nos sumamos al ¡Ya basta! Nos sumamos demandando, entre otros temas, políticas públicas de prevención social de las violencias. 

Afirmamos que se requiere de un sistema nacional de prevención, desarrollo y participación de la juventud; una estrategia colectiva de diálogo, convivencia, construcción y cultura de paz; un sistema integral de protección para las niñas, niños y adolescentes; y un sistema integral, profesional y sostenible para prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. 

Hoy acompañamos a las organizaciones juveniles, a las y los estudiantes y nos hacemos acompañar de niñas y niños para demandar al Estado un alto a la impunidad, un ataque frontal a la corrupción y un cambio de estrategia contra el crimen organizado en nuestro país. 

En este marco también asumimos y promovemos cinco compromisos para la acción ciudadana responsable:

1) Somos una ciudadanía informada, promoviendo en casa el diálogo reflexivo sobre la violencia en los medios y en la propia vida cotidiana y a favor de una cultura de paz.

2) No aceptamos violencias como destino, asumimos que cada caso de muerte o violencia es importante y debe ser esclarecido, exigiendo justicia y reconociendo que todos los seres humanos somos dignos.

3) Construimos entornos de vida de paz, resolvemos los conflictos mediante el diálogo respetuoso con nuestras familias, en nuestras escuelas, barrios y lugares de trabajo.

4) Nos formamos para ser constructores de paz, promovemos, educamos y construimos la paz como forma de vida, una paz dinámica, que se mueve a la justicia y que nos transforma con dignidad.

5) Nos unimos a las y los otros para crear un mundo mejor e impulsar una cultura de paz, promoviendo y participando en eventos deportivos, culturales y recreativos comunitarios para erradicar el miedo y tomar las calles por el derecho a vivir sin violencia. 

La marcha de la paz es una marcha con y para las niñas, niños y adolescentes. Marchemos más, marchemos, marchemos porque como decía una manta: “No todos los padres y las madres son poetas, pero todas las hijas y los hijos son poesía”.

*Directora de Ririki Intervención Social. Experta en infancia, adolescencia y sus derechos.